De la Redacción
Huatusco en Línea
Xalapa, Ver.- La Comisión Permanente, a propuesta del senador panista
Fernando Yunes Márquez, aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República
(PGR) que integre la averiguación previa y ejercite la acción penal para que
los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la
educación y a la salud, en Veracruz, sean sancionados con todo el rigor de la
ley.
En el punto de acuerdo se pide a la
PGR remita un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo con relación a
estos hechos, que comprenda desde noviembre de 2014, fecha en que las denuncias
fueron presentadas.
El legislador veracruzano recordó que
el 19 de abril se hicieron públicas seis denuncias penales que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), presentó ante la PGR desde noviembre del año
pasado, contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Veracruz por el
desvío de casi dos mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales
destinados a salud y educación.Sin embargo, “hasta el día de hoy, la PGR no ha
respondido a nuestros exhortos de apegar sus actos a la Constitución y proceder
en contra de los responsables de este desvío multimillonario”, indicó Yunes
Márquez.
Además, dijo, hoy damos a conocer
cinco nuevas denuncias presentadas también por la Auditoría en noviembre del
año pasado, donde se acredita la desviación de más de dos mil 100 millones de
pesos de fondos federales, que el gobierno de Veracruz debió destinar al Seguro
Popular y a la Educación Básica y Normal.
Yunes Márquez señaló que las pruebas
de la ASF están apoyadas por informes certificados de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores y por documentos donde el propio gobierno del estado
reconoce la desviación de los recursos y se compromete a devolverlos.
En todas las denuncias, añadió, se acredita
que los funcionarios que desviaron los recursos, realizaron movimientos
bancarios primero con el objeto de simular la solventación de las
irregularidades detectadas, para después retirar los recursos y depositarlos en
cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final del capital.
“Para el Partido Acción Nacional es
altamente preocupante el hecho de que la PGR no haya cumplido con la
responsabilidad que le señala el artículo 21 de la Constitución de ejercitar
acción penal ante los tribunales y solicitar la imposición de las penas a
quienes la ASF señala como presuntos responsables de estas conductas ilícitas
tipificadas en la legislación penal vigente, en agravio de la Hacienda Pública
Federal”, expuso el legislador federal.
En las cinco denuncias, apuntó,
aparecen como presuntos responsables dos ex funcionarios del gobierno de
Veracruz que actualmente son candidatos del PRI a diputados federales: Antonio
Tarek Abadalá Saad, por el distrito de Cosamaloapan y Edgar Spinoso Carrera,
por el distrito de Martínez de la Torre.
“La omisión del Ministerio Público
federal puede ser un acto de protección política a dos candidatos que no
debieran estar haciendo campaña, sino sometidos a un proceso penal por haberse
robado los recursos federales que estaban destinados a mejorar las condiciones
de salud y los servicios educativos de casi 8 millones de veracruzanos”,
aseveró.
En su turno, el senador panista Juan
Carlos Romero Hicks indicó que ante el momento que vive el país, lo que se
requiere es aplicar el Estado de derecho y se vea reflejado tanto la
transparencia como la rendición de cuentas.
La preocupación que mi grupo
parlamentario, dijo, es que en este caso estamos hablando de 12 denuncias
presentadas y que en seis meses no hay evidencia clara de lo que ha hecho la
PGR.
“Estas denuncias no fueron formuladas
por un partido político, fueron hechas por la Auditoría Superior de la
Federación, por eso lo que esperamos en el corto plazo es que haya una
actuación conforme a legalidad, conforme a verdad y que los veracruzanos y los
mexicanos sepamos qué es lo que está aconteciendo”, exigió.
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